¿PARA CUÁNDO LA SIMPLIFICACIÓN Y EL DESTRABE EDUCATIVO?
(08-01-2017).
Ayer 07 de Enero
concluyeron los 90 días en que el nuevo gobierno podía emitir decretos
legislativos a fin de acelerar cambios importantes en el Perú. De los 112
emitidos obviamente no había ninguna referido a la educación, ya que este
sector no corresponde a la autorización otorgada por el Congreso de la
República. Es posible, y deseable, que algunos de los emitidos le ayuden
indirectamente en la necesidad de una simplificación y destrabe en el área
educativa.
Un
análisis elemental de lo legislado y normado para la educación en el Perú haría
ver que nada tan normado, detallado y burocratizado como este sector: el Estado siempre se ha
imaginado que este es de su exclusiva propiedad, es digamos “su coto de caza”.
El que el Estado tenga el 70% de los estudiantes del país (desde luego con el
dinero de todos y por tanto de los privados), no le da derecho a asfixiar con
leyes y normas a un sector en el cual su única función es organizar y
supervisar el sistema educativo,
respetando el derecho primario de los padres a educar y de la sociedad a
hacerlo en el nombre de éstos. El hecho de que el MINEDU administre miles de
instituciones educativas se inscribe en su clásica función “subsidiaria” que le
faculta, y obliga, a hacer lo que la
sociedad no logra por sus medios. Su creación de instituciones educativas
gratuitas en esta línea de subsidiariedad expresada beneficia a millones que
sin ello no se educarían.
La dolorosa experiencia
de un SNIP asfixiante se tiene ya desde décadas en el área educativa: por ello
aparecen tantas instituciones educativas informales; por ello los centros
educativos, como “zombies” o peones, deben seguir al detalle indicaciones
curriculares para las cuales hay formas variadas de hacer; papeleo burocrático
que traba la creación y desarrollo de las instituciones. No hay sector con más
desarrollo legal y normativo que el educativo donde te dicen hasta la forma
única en que debes enseñar.
Curiosamente las
décadas en que funciona este sistema, que cada día se agudiza y empeora, no ha
dado resultados educativos positivos. Sabemos muy bien que estamos en los
últimos puestos entre 70 países del mundo. Se dirá con razón que no es el único
motivo, pero no cabe duda que ayuda mucho al impedir innovación y avances.
De otro lado no se
entiende que todo esto suceda en un país cuya Constitución dice en el artículo 16: “Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados”. Así
como: el Estado “Formula los
lineamientos generales de los planes de estudio así como los requisito mínimos
de la organización de los centros educativos”.
CONCLUSIÓN:
Siguiendo
la línea constitucional expresada y las claras orientaciones del Presidente y
del Primer Ministro, se hace necesario que la nueva Ministra de Educación,
Marilú Martans, organice una Comisión Ministerial que se aboque a una gran revisión
y simplificación de la normatividad ministerial en los más diversos aspectos
del quehacer educativo, tanto en lo referido a la administración educativa
ministerial, cuanto en los centros públicos y privados. Su concreción sería un logro realmente significativo
y para el recuerdo de su gestión ministerial.
